Cuando el ámbar vale más que la vida en la cordillera septentrional | Diariode3

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Cuando el ámbar vale más que la vida en la cordillera septentrional

La actividad minera autorizada por el gobierno de Danilo Medina desconociendo la ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha convertido la cordillera septentrional en una verdadera bomba de tiempo que amenaza la vida de sus habitantes.

Se trata de un problema que lleva décadas y las autoridades en vez de aplicar la ley lo que han hecho es asociarse con los depredadores dejando a las comunidades en completo estado de indefensión.

Una visita a las comunidades ubicadas en la parte alta del municipio de Tamboril basta para comprobar la destrucción de cuencas, arroyos, ríos y cañadas, aparte de los grandes cráteres en el mismo corazón de la montaña provocados por las dinamitas utilizadas para la extracción de ámbar sin ningún tipo de regulación.

El dirigente comunitario Rubén Rodríguez dice que los daños son considerables y que las comunidades están viviendo en la puerta del infierno con el miedo a los derrumbes y los deslizamientos de tierra que se producen constantemente.

“Muchos vecinos han perdido sus casas debido a la erosión de los suelos, esto está pasando desde Tamboril hasta Jacagua, una zona que además tiene grandes fallas geológicas”, afirma Rodríguez tras considerar que la situación se agrava con la extracción indiscriminada de ámbar en la zona de Palo Quemado y La Cumbre.

El activista social refiere que antes de la explotación ilegal de ámbar “teníamos flora, fauna, plantaciones amigables, reservorios

de agua, cacaotales, cafetales y árboles frutales que conservaban las aguas y alimentaban manantiales para el consumo humano y la agricultura de pequeña escala, pero ya todo eso desapareció debido a la falta de previsión de las autoridades”.

Rodríguez expuso que la situación afecta a toda la región del Cibao por tratarse de una cordillera de la que dependen las comunidades de la parte baja de Santiago que se ven afectadas por las inundaciones y la destrucción de la producción agrícola y pecuaria.

Ante la situación, Rubén Rodríguez llama a todas las organizaciones ecologistas y vecinales de la región a coordinar esfuerzos para obligar a las autoridades a cumplir y hacer cumplir la ley 64-00 declarando la zona en estado de emergencia ambiental.

“La actitud del ministro ambiental ha sido de total indiferencia y de complacencia con los depredadores, hay sospecha de que forma parte del negocio y de la mafia que destruye nuestros recursos naturales”, indica al responsabilizarlo de la catástrofe que en cualquier momento podría sobrevenir en la zona.


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